Elecciones y día después

La jornada de reflexión, y ya que así lo manda la ley, es un buen momento para reflexionar. Para reflexionar sobre nuestro sistema en general y sobre la campaña en particular, porque esta campaña dejó elementos para la reflexión. En democracia la ley confía tanto en el pueblo que pone al mando a aquellos a los que el pueblo vote. Pero a la vez ciertas precauciones de la ley electoral encierran el supuesto de que el pueblo es manipulable y de poco fiar y que hay que poner reglas a la manera en que se le dirige la información electoral para que no se quiebre su delicada integridad mental.

Algunas son motivo interesante de debate, como es la existencia de una jornada de reflexión o que quede prohibida la divulgación de sondeos una semana antes. Otras son pintorescas, como que el reparto de tiempos en las noticias lo establezcan los partidos, en vez los profesionales de la información con criterios profesionales sobre cuál es el interés público de las cosas. Por ejemplo, para preservar la democracia los informativos pueden hablar de Ciudadanos y Podemos sólo 17 segundos. ¿Qué pasaría si le dieran el premio Nobel de la Paz a Albert Rivera en plena campaña? Habría 17 segundos para contarlo. ¿Y si Pablo Iglesias de pronto pidiera el voto para Esperanza Aguirre? Otros 17 segundos para el bombazo, supongo.

Pintoresquismos aparte, la campaña deja, como decimos, ejemplos para la reflexión. La endogamia o cualquier ambiente cerrado sólo trae aire viciado, conductas previsibles, frases manidas y falta de horizontes. En política como en la vida: siempre es una riqueza la sensación de que todo el mundo viene de otra parte. Siempre interpreté que mi papel, el de cualquier profesor en la universidad o el de cualquiera en cualquier parte, es el de un poro, una pequeña abertura por donde entra algo de otro sitio. En estructuras donde nadie trae nada de fuera de la estructura, siempre se remueven las mismas cosas y siempre se hace el caldo con el mismo hueso, cada vez más desaborido. La aparición de Carmena, Gabilondo, García Montero o Ada Colau nos renueva lo que ya no teníamos costumbre de ver. No sabemos, o al menos yo no sé, la calidad política que acreditarán. Pero vienen a la política desde otra parte y son respiraderos por los que la política transpira y se renueva.

Susana Díaz, prototipo de endogamia política, calculó beneficios y adelantó las elecciones. Ante la adversidad de la situación creada, hace llamadas, negocia y remueve argumentos como se remueve el aire viciado de una habitación cerrada. Carmena, en cambio, es como una esponja hinchada. Cuando Esperanza Aguirre tuvo la mala ocurrencia de exprimirla, salió de ella en torrente inteligencia en sus palabras, dignidad en su actitud, franqueza de propósitos y pequeñas grandezas biográficas. Con 71 años es una ventana abierta, porque eso es lo que pasa cuando en todas partes traes algo de otro sitio, que llevas almacenada frescura mientras tengas aliento. Ada Colau es un baño de realidad en la situación política que lo remueve todo. Gabilondo cuando entra en política trae a ella algo de sus libros y enseñanzas porque vive en habitaciones abiertas. Y García Montero llega a la política desde la poesía y desde la memoria, que buena falta nos hacen una cosa y otra. Son sólo ejemplos. Pueden ser tan desastrosos como cualquiera de los zascandiles que padecemos ahora, pero dan una sensación inicial de gente más real y con discursos menos repetidos.

Volviendo a la cuestión del voto, el hecho mismo de que haya debate sobre cómo afecta al voto soberano el que haya o no propaganda el día antes o se divulguen encuestas los días previos implica la percepción de que, efectivamente, el voto soberano lo puede mover un mal aire de mayo. En período electoral los árboles se ponen tan en primer plano, que la realidad se deforma y se pierden los contornos del bosque. Contra lo que se cree, en período electoral las emociones se calman. Los mayores descontentos por la educación, las actitudes más encrespadas por el declive de la sanidad, las emociones más vivas por la disminución de libertades o o por la corrupción impune se viven durante la legislatura más que en elecciones.

Esa deformación emocional y ese bosque que desaparece de la vista por la acumulación de detalles momentáneos puede llegar a ocultar de la mirada el enriquecimiento de Villa y las lógicas sospechas que suscita, como puede un cirujano negligente cerrar una operación con un algodón olvidado dentro del paciente. O alejar de la sensibilidad los asaltos de Rita Barberá al dinero de todos. O enmascarar el persistente olor a podrido del reino de Esperanza Aguirre. Pero, como un cuerpo extraño que un cirujano nos hubiera dejado dentro, los eventuales votos que cubran estas miserias no evitarán que la putrefacción siga su curso, dañando y causando dolor.

Ya dijimos en este espacio lo que en una legislatura tan inmoral como esta debemos repetirnos. El voto universal es condición necesaria para la democracia; nada es democracia sin voto universal, ningún despotismo ilustrado bonachón ni ninguna dictadura del proletariado. Pero no es condición suficiente. Se puede votar en un sistema viciado de clientelismos y cacicazgos y el resultado no es una democracia cabal. La democracia tiene algo de ingeniería. Se necesita un entramado bien organizado que disperse el poder y que asegure responsabilidades permanentes e intermedias antes de la próxima votación, para que no haya tan enormes parcelas de poder ajenas a todo escrutinio. Sin ese entramado el voto ciudadano es como una maceta en la que se hubiera plantado un roble: es demasiado indefenso para reconducir tanto abuso y tanta disfunción.

Mañana debemos votar, porque si no son nuestros votos los que pongan al mando a alguien, será nuestra inhibición la que lo haga y es mejor que sea nuestra acción que nuestra omisión la que marque el camino. Pero no debemos olvidar que lo que haremos mañana es una parte de la cuestión. Sin votos no hay democracia, pero sólo con ellos tampoco. Y nuestra democracia está seriamente menguada. Pasado mañana sigue la otra parte de la cuestión.

Conciertos educativos (Play it again, Sam)

No oiremos a Rajoy presumir de Wert y de LOMCE en esta campaña. Y que nadie se engañe pensando que no lo hace porque Wert es más bien material para guardar bajo la alfombra. El Financial Times considera a Luis de Guindos el peor ministro económico de Europa, Montoro da grima hasta a los suyos, la deuda pública es la más alta de la historia, el paro y los impuestos están por las nubes y los salarios por los suelos. Y nada de esto impide al Presidente presumir de economía con toda su cachaza. La razón de que no presuma de Wert es sencillamente que la educación no es tema electoral. La educación provoca movilizaciones enardecidas e inspira convicciones militantes. No se llega a la consideración de peor ministro de la democracia, como Wert, si no es porque se gestiona algo que realmente afecta y moviliza. Pero curiosamente la educación tiene muy poca incidencia en las tendencias de voto, así de paradójica es la gente. Sin embargo es lógico que tiremos de la lengua a los candidatos para hablar de un tema de poco rendimiento electoral, pero que nos saca a la calle y nos saca de quicio.

La relación entre la enseñanza concertada y la enseñanza pública es un zumbido bronco obstinado, tan continuado que ya no sabemos por dónde empezó. Lo primero que debe establecerse es el campo de juego, los límites de la discusión. Los límites no son propuestas, son límites, rayas de las que no debe pasarse. Y hay dos límites de raya gruesa. El primero es que los gobiernos tienen la obligación de garantizar objetivos máximos en la enseñanza pública. No tienen que garantizar una enseñanza pública de calidad, sino de la máxima calidad que el país se pueda permitir. Esta no es una exigencia de izquierdas, es una exigencia de convivencia, que debe ser aceptada incluso por quienes tienen sus razones para preferir la enseñanza privada. Debe recordarse que la enseñanza pública, no sólo es gratuita (que también lo es la concertada), sino que también está obligada por ley a neutralidad respecto de los valores que quepan en la constitución. La ley reconoce a los centros privados el derecho de adoctrinamiento (sin salirse de la constitución). Por eso es una obligación que los centros gratuitos y compatibles con la ideología de cualquiera tengan la mayor calidad que podamos permitirnos.

El otro límite es que la concertación de centros privados no es un derecho de nadie que obligue a las administraciones. Una ley que ilegalizara la enseñanza concertada sería perfectamente constitucional (insisto, estamos fijando los límites, no haciendo propuestas). No es verdad que el Estado tenga que financiar centros privados si los padres lo demandan. Si no bastara el sentido común para entender que el artículo 27 de la constitución no dice eso, el Tribunal Constitucional ya lo dijo en una sentencia del año 85 (STC 86/1985 de 10 de julio). Siendo entonces una obligación garantizar máximos en la enseñanza pública y siendo la concertación de centros privados algo potestativo, las autoridades deben mantener o eliminar la enseñanza concertada, según mejore o no las obligaciones que el Estado tiene con la educación de la población.

La segregación es uno de los mayores males que debe evitar el sistema educativo. La segregación de alumnos por rendimiento a edades inmaduras tiene siempre un sesgo social. Es injusta, porque merma la igualdad de oportunidades; es ineficiente, porque un país pierde potencial si da opciones sólo a una parte de su población; es contraproducente, porque crea guetos e inestabilidad social; y es innecesaria, porque la mezcla de estudiantes con distinto rendimiento hasta edades avanzadas no perjudica la formación de los mejores alumnos, como la experiencia demostró en todas partes.

La amenaza existe. Algunos centros públicos están provocando segregación, adulterando las secciones bilingües para separar de hecho a los alumnos por sus resultados. Las reválidas pretendidas por Wert segregarán socialmente a los alumnos, porque es el efecto que pretenden. Y las cifras dicen que la enseñanza concertada está segregando a la población en aulas pagadas por el Estado.

La libertad de elección de los padres no es la única ni la principal obligación que tiene el Estado, como se pretende hacer creer (cuando el Opus Dei o los obispos ponen tanto empeño, no debe ser de libertad de lo que estamos hablando). Los padres y madres somos interesados, no queremos el bien general, sino el bien de nuestro hijo o hija. Aceptamos que se escolarice a una adolescente extranjera con retraso formativo o a un niño sordo, pero si nos dan a elegir elegiríamos que lo hagan en el aula de al lado, no en la de nuestro hijo. Es tan comprensible esto como lógico que la autoridades moderen la libertad de los padres hasta hacerla compatible con los derechos de ese niño sordo o esa adolescente extranjera. No puede ser la libre elección de los padres lo que determine la distribución de los casos de necesidades educativas especiales. Pero, como digo, aunque haya meritorias excepciones, las cifras dicen que la enseñanza concertada, pagada con fondos públicos, no se está haciendo cargo de los casos más complejos y esto tiene dos efectos perversos. Uno es que está siendo agente de segregación. Y otro es que, al provocar una concentración inmanejable de casos de necesidades especiales en centros públicos, en muchas zonas se está degradando la calidad de la enseñanza pública, es decir, el Estado está descuidando lo que habíamos dicho que era su primera e irrenunciable obligación. A medida que en esas zonas se degradan los centros públicos, aumenta la tendencia legítimamente egoísta de los padres para demandar centros concertados y alimentar la demagogia. Madrid sabe mucho de esto.

Hace poco Rubén Medina, en una muy provechosa charla sobre servicios municipales, explicó con claridad el fenómeno llamado “huida del derecho administrativo”. El Ayuntamiento de Gijón, como otros, tiene delegada en empresas municipales cada una de las atribuciones propias que le asigna la ley. El delegar a empresas tiene la consecuencia que se busca: leyes que regulan de manera estricta los derechos y deberes en las entidades públicas no son de aplicación, de manera que el ayuntamiento ejerce sus atribuciones: a) con menos derechos que atender; b) con menos control de los órganos representativos; y c) con más alejamiento y opacidad para el ciudadano. El caso explicado por Medina ilustra lo que sucede cuando el Estado delega en particulares las actividades propias con las que satisface derechos básicos. Lo que sucede es que se desregula la prestación de esos derechos y, por tanto, se desnaturaliza. Es lógico que el Estado contrate con empresas la construcción de carreteras, un extremo; y que no contrate la defensa con grupos privados armados, otro extremo. En medio, cuando el Estado delega mediante conciertos la enseñanza o la sanidad, lo que está delegando es la gestión de derechos básicos, como el agua gestionada por los ayuntamientos. Y esa delegación siempre tiene algo de huida del derecho. La enseñanza concertada es, además de un factor de segregación, un factor de desregulación en la prestación de un derecho básico.

Los conciertos educativos están teniendo efectos negativos en la prestación y ejercicio del derecho a la educación. El hecho positivo de que los padres puedan elegir cierto tipo de centros es un beneficio muy débil que no compensa los resultados. En tiempos debate como estos hay que decir alto y claro que las cifras actuales no justifican el concierto con centros privados. Y que no hay obligación constitucional de mantenerlos.

Podemos, la frescura y los frescos

Empieza la campaña electoral con los dos principales partidos perdiendo apoyo y con Podemos perdiendo frescura. Son los únicos que pueden perder esas cosas. Sólo PP y PSOE pueden perder apoyos, porque son los únicos que los tenían, y desde luego sólo Podemos puede perder frescura, porque es el único sitio donde hay tal cosa. Por esas cosas del lenguaje, siendo palabras derivadas una de otra, es muy distinto tener frescura que ser un fresco. Y esta campaña que empieza es más pródiga en frescos que en frescura.

La frescura tiene algo que ver con la sencillez y naturalidad, con la espontaneidad y con la falta de elaboración. Podemos introdujo frescura en la política nacional. El discurso impulsado por ellos llevaba disueltas las emociones y sensaciones elementales de mucha gente, sin elaborar y al natural. Las propuestas y el ejemplo contundente dado en sus primeras conductas sobre regeneración, transparencia y participación fueron recibidas como radicales; y lo eran, pero sólo por el contraste abrupto que suponían con la práctica habitual de aparatos partidarios ensimismados y opacos y de instituciones colonizadas por esos aparatos partidarios. Pero tan lejos estaban de la práctica política habitual como cerca de la intuición básica de la gente: qué puede impedir a un partido expulsar a un reconocido inmoral, por qué no puede participar la gente de manera continua en la actividad política de un partido, por qué no se puede conocer todo lo que nos concierne, sin excepciones, por qué no se puede discutir una deuda abusiva. No era decir a la gente lo que quería oír, como dijeron muchos frescos. Era convertir en práctica política el puro sentido común de cualquiera.

Cuando mucha gente hace lo mismo es que están siguiendo directrices de alguna parte, porque la uniformidad sostenida no se da al azar. La reacción de los partidos y los medios más visibles sobre Podemos tuvo esa uniformidad característica de la estrategia orquestada. Las “críticas” a Podemos fueron mucho más allá de la hostilidad obvia que cabe esperar cuando uno entra en lides políticas. Fue una campaña en toda regla y con todos sus componentes. Se difamó (oro de Venezuela, historias rocambolescas de Pablo Iglesias); se extendieron grandes mentiras distorsionando pequeñas verdades (todo el presunto caso Errejón y casi todo el caso Monedero); se presentaron como demagogia las pequeñas mentiras que dejaban sueltas las grandes verdades (el señalamiento de la clase política como una casta oligárquica); se llamó populista al movimiento para justificar comparaciones enloquecidas (chavismo, Corea del Norte, Mussolini, …). Cuanto más amplia sea una campaña orquestada, de más arriba viene la orden. No en balde Podemos y Cataluña fueron los últimos dolores de Emilio Botín. La estridencia de la campaña fue la señal más visible de que Podemos era (y es) un partido muy distinto de los demás.

Es cierto que inicia la campaña con menos frescura (aunque la campaña puede ser el marco en que la recupere). Cuando las conductas se alejan de la intuición de la gente, por un “contexto” que obliga y que la gente no entiende, se pierde frescura. Es pronto para saber qué pasará en Andalucía, pero sí hubo impresión de tactismo, de “contextualización” de la conducta y pérdida de protagonismo de los círculos, que son la playa en la que el océano ciudadano entra y sale de Podemos con frescura. Se repitieron demasiado ciertos términos (“casta”, “ciudadano”, yo mismo creo que estoy repitiendo “gente”) y eso acaba sonando a jerga y pérdida de espontaneidad (de frescura). Pablo Iglesias parece estar cepillándose los zapatos. Muchos creen que es una fase inevitable. Muchos creemos que Podemos aporta más al país con la frescura que sólo ellos tienen, que con lo que los frescos llaman “responsabilidad”.

Susana Díaz convocó elecciones para evitar males mayores al PSOE y fortalecer su posición dentro del partido (su cabeza funciona así, nunca trabajó en nada que no fueran las tripas del aparato). Sacó el resultado más bajo de la historia del PSOE y la muy fresca pretende que quien no la apoye es un obstruccionista; tras sopesar cuánto ganaba adelantando elecciones, ahora brama porque los demás sopesan cuánto pierden apoyándola. Ella y Esperanza Aguirre ahora quieren cambiar el sistema electoral. El PSOE y el PP tendrán una caída de votos que bien podría llamarse descalabro. Según parece, el que la gente ya no se fíe de esos dos partidos produce desorden y las dos frescas pretenden que el sistema electoral corrija la confusión del electorado y que garantice los mismos resultados con distintos votos. A Esperanza Aguirre parece que algunos frescos le salieron rana. A tantos pillaron robándonos que, si es que le salieron rana de verdad, debe ser la reina que pedían las ranas de la fábula de Esopo porque no parece que haya habido otra cosa en su reino que delincuentes. Como mínimo, ella flota bien en esa montaña de frescos.

Para contribuir a la claridad Felipe González El Colombiano acumula papeles que demuestran el chavismo de Podemos; como si Solchaga se hubiera hecho comunista por asesorar a Fidel. El muy fresco hurga en la amistad de Monedero con Chávez, cuando él fue amigo fraternal de Carlos Andrés Pérez, que esquilmó el país y fue condenado, y cuando tantos intereses económicos traficó con él y con Cisneros. Hay que ser fresco para “proteger” ahora a la oposición venezolana del chavismo, como adalid de los débiles, y para exigir a Podemos que se pronuncie, como si así se hiciera la política exterior y como si él no hubiera oscilado entre el silencio y el apoyo cuando el “caracazo” del 89, en el que la violenta represión de su amigo dejó cientos de venezolanos muertos y otros cientos de desaparecidos.

Y Rajoy sigue tan fresco (y Barberá y Esperanza y todo Cristo), con la gente empobrecida, la juventud en desbandada, la prensa internacional preocupada por la involución democrática en España y la evidencia diaria de que el delito en el PP es estructural. Hasta la asamblea de la Conferencia Episcopal emitió el 24 de abril un documento en el que pide perdón por no haber estado al lado de los débiles en esta legislatura (no creo que sea cosa de Sanz Montes, que en la generales pidió el voto para el PP más fresco que una lechuga). Los frescos de los medios auparon a Ciudadanos como cortafuegos de Podemos (el editorial del lunes de El País es una sarta de vaciedades que dejaba pegañosos los dedos de tanta baba por las naderías de Ciudadanos en Andalucía). Ahora ya no llaman populistas a Podemos para no singularizarlos. Ahora hablan de “partidos emergentes” para que sean dos y Podemos tenga un límite.

La duda que queda es si estas elecciones van a cambiar la representación política mucho o muchísimo. Los seismileuristas que PP y PSOE tienen sembrados por todas partes están en un sinvivir. Podemos debe recordar lo que consiguió introducir y ciertamente puso una sonrisa en el país: frescura. Que no se pierdan en coyunturas y contextos. Y que no sean dialogantes en lo obvio.

Mercado y educación

En tiempos electorales, educación y sanidad llenan tanto la boca de candidatos y cargos que parecen palabras masticables. Una de las chácharas que podríamos permitirnos sobre estos servicios es la creciente entrada del mercado en ellas, ya que estamos en momento tan propicio para recordatorios ideológicos y de principios.

El mercado se basa en la libre oferta de bienes y en una demanda que determinará los beneficios de esas ofertas en competencia. El mecanismo, con una intervención pública que evite trampas y abusos, funciona bien para el grueso de la actividad y por eso pocos ideólogos proponen modelos que no se basen en el libre mercado. En lo que no estamos de acuerdo todos es dónde y hasta dónde debemos dejar actuar el mercado. En los tiempos del Prestige (nueve años antes del Foro) oí a un conocido periodista en una tertulia hablar sobre la comercialización de los oricios en las zonas afectadas. Él decía que había que dejar al mercado: ponemos los oricios a la venta y la infalible demanda haría su trabajo, el oricio que me dé mala pinta lo desecho y el que me da buena pinta me lo llevo. Pero es obvio que aquí la dialéctica de la oferta y la demanda no garantiza que no nos envenenemos y que es mejor que actúen las autoridades y no el mercado.

Por razones distintas, en educación y en sanidad el mercado no funciona bien. En educación, porque el consumidor actúa como ante los oricios y en sanidad porque el mercado crea desigualdades insoportables. No se trata de que no pueda haber iniciativa privada y mercado en una cosa y otra. Se trata de que las autoridades tienen que garantizar máximos fuera del mecanismo de mercado.

A pesar de lo que parezca, el mecanismo de la demanda es emocional. Los productos que tienen éxito lo tienen porque dejan a la gente tranquila, satisfecha, emocionada, contenta o en cualquier otro estado emocional positivo. El problema es que nuestras respuestas emocionales son siempre inmediatas en el tiempo y en el espacio. Sentimos compasión por un niño pequeño en peligro de ser atropellado hasta el punto de ponernos en riesgo para evitarlo. Pero consumimos marcas tecnológicas y deportivas que sabemos que practican esclavitud infantil en Asia. Para la lejanía espacial no tenemos equipaje emocional. La publicidad antitabaco que se basa en la amenaza del cáncer y la muerte es inútil para adolescentes. Aunque lo entienden racionalmente, la muerte les queda muy lejos en el tiempo para suscitar emociones. Les afecta más que se les hable del mal aliento o los problemas de erección.

La calidad de la enseñanza se manifiesta de manera muy diferida en el tiempo. Si uno va a un abogado o un médico, puede ganar un pleito o curarse una dolencia. Como consumidor uno percibe inmediatamente el efecto del servicio y queda satisfecho en el momento. Pero la calidad educativa tiene que ver con habilidades que sitúan al sujeto a la larga en buena situación profesional y con las cualidades personales que a la larga le dan autonomía, entereza, compasión y, en general, las que le facilitan riqueza personal, intensidad y buena integración. La calidad educativa depende de muchas cosas bien hechas por mucha gente a lo largo de años. El consumidor (alumno, padre o madre) no puede responder emocionalmente a la calidad de una clase de historia de un miércoles o un curso concreto de matemáticas, porque son piezas muy pequeñas en un proceso muy largo. Como puro consumidor, sólo actúan sobre su demanda cosas inmediatas: instalaciones del centro, tipo de gente que va a él, ideario, modos de disciplina, horarios …, pero no el núcleo de la calidad. Sencillamente la calidad de enseñanza es opaca al mecanismo de la demanda y del mercado.

Como consecuencia, se puede deteriorar la enseñanza con impunidad, porque no hay mecanismo de mercado ni consecuencias inmediatas que delaten la barrabasada. En sus tiempos de ministra de Educación, Esperanza Aguirre decía, para que aprendiéramos sobre derroches, que cada niño costaba al sistema escolar (mediados de los noventa) el doble de lo que costaba veinte años antes y, sin embargo, ahora no saben el doble. Por supuesto. Si se rompe el cristal de la ventana de un aula, antes de hacer el gasto de reponerlo hay que preguntarse cuánto más van a aprender los niños y niñas con ese gasto y ahorrárselo. Así también puede decir Wert que ni el aumento de alumnos por aula ni la disminución de gasto afectan a la calidad de enseñanza. Aunque sus razones y su sentido “no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para sólo ello”, se pueden decir estos abusos porque no habrá efectos ni elementos objetivos de sanción inmediatos.

También se puede rebajar el oficio del profesor hasta hacer peligrar el servicio mismo con la misma impunidad. El sueldo y condiciones de trabajo de un profesor no lo puede determinar un mercado por definición ciego a la calidad del servicio. La situación laboral y salarial de los profesores no puede tener más referencia que la importancia que el Estado dé al servicio que prestan. Por supuesto, nada impide que se contraten a profesores “nativos” (de habla inglesa) para dar clase por mil euros al mes, inyectando así en el sistema un buen número de horas basura que presionen a la baja al conjunto. La respuesta emocional de los padres y madres no se resentirá.

Y no hay mecanismo de mercado que impida lo que ya sucede en Asturias sin ir más lejos. Se están extendiendo año a año los contratos de media jornada. Profesores que pueden rondar los cuarenta años (o más) y con muchos años de profesión, salvo que tengan cónyuge con salario, comparten piso con desconocidos como en la época de estudiante; o dan clases particulares o realizan trabajos menores de tipo estudiante para complementar los setecientos y pico euros al mes que les pagan. No se trata sólo de un problema laboral, que en muchos sectores tienen el suyo. Ni se trata de que afecte a un tipo de profesores, que son los interinos. Si supiéramos que cada vez más jueces tienen que recurrir a habitaciones en alquiler o tienen que hacer unas horas en Telepizza para llegar a fin de mes, seguro que nos preocuparíamos seriamente por la administración de la justicia. Sin ánimo de gremialismos, no hay estructura educativa que resista la gangrena de un deterioro semejante del oficio de la enseñanza. Ni a la larga un país que resista un deterioro semejante de la estructura educativa.

Por supuesto, cada gestor público gestiona un trozo pequeño de la tarta nacional y todos dicen hacer lo que pueden “dadas las circunstancias”. Este es un país de santos inocentes. Lo cierto es que los políticos están acostumbrados al sistema clientelar de los partidos y no se encuentran cómodos en la gestión pública hasta que no se rodean de funcionarios nombrados a dedo (esos sí, bien pagados) y de entes públicos indemostrables y llenos de afines. Llegadas las dificultades, las prioridades están tan torcidas que empiezan las privaciones por los servicios básicos al ciudadano, en lugar de reducir la hinchazón parásita del aparato político. La enseñanza, por lo diferidos en el tiempo que son sus resultados y por la correspondiente ineptitud del mercado para sancionarlos, es un servicio especialmente dependiente de la responsabilidad de los gobernantes. Y en estos tiempos especialmente testigo de la cortedad de los gobiernos. En Asturias sin ir más lejos.